El Ayuntamiento de Badía pone remedio al turno nocturno de la policía local

Se aprobó en el pasado pleno municipal un complemento salarial para cubrir la falta de personal
Redacción
30/06/2014

El pasado jueves tuvo lugar el Pleno Municipal del mes de junio, que se inició con la aprobación, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, de la propuesta de nombramiento del juez de paz sustituto.
Acto seguido, se aprobó la Cuenta General 2013, con los votos favorables del PSC y la abstención del resto de grupos.
Con los votos a favor del PSC, AEB, PxC y las abstenciones de los grupos del PP y CiU se aprobó un acuerdo a favor de avanzar la edad de jubilación del cuerpo de las policías locales, instando al Gobierno del Estado español el reconocimiento de la labor policial como profesión de riesgo.

Otro punto aprobado en torno a este colectivo fue el en lo referente a la modificación de un complemento de salario específico para cubrir las contingencias sobrevenidas, que supongan la falta de personal para cubrir el turno de noche, en concepto de complemento de disponibilidad. Este punto se aprobó con los votos a favor del PSC, AEB y CiU y la abstención del resto de fuerzas políticas municipales.
Por último, se aprobó una moción de la AEB, con los votos favorables de CiU y la abstención del resto de grupos, en rechazo a la nueva Ley general de telecomunicaciones, que permitirá a las telefónicas expropiar literalmente azoteas para colocar antenas, usurpando la competencia municipal para otorgar licencias. Esta ley significa un gran trato de favor a las telefonías, que ya se caracterizan por ser el sector más abusivo con los consumidores y que disfrutan de total impunidad por parte del Estado.
La ley permitirá que los intereses de las grandes empresas de telecomunicaciones se salten la oposición de Ayuntamientos, organizaciones civiles y vecinales que no han conseguido parar la instalación de antenas de telefonía móvil. Según la moción, “esta preocupación ciudadana va de acuerdo con los numerosos llamamientos desde diferentes ámbitos (científicos, instituciones europeas e internacionales y jurídicas), que instan a las administraciones públicas a aplicar el principio de precaución (recogido en la Ley 33 /2011, de 4 de octubre, general de Salud Pública), ante estos contaminantes ambientales alertándonos de su riesgo potencial para la salud de las personas, especialmente en la infancia, la juventud, las mujeres gestantes y otros grupos sensibles”.